Plan de Inteligencia y Críticas: ¿Espionaje a Periodistas en Argentina?
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La polémica se desató en Argentina tras la difusión de información sobre el nuevo Plan de Inteligencia Nacional, impulsado por el gobierno de Javier Milei. El foco de la controversia reside en la presunta autorización para recabar información sobre individuos que puedan generar una “pérdida de confianza” en las políticas oficiales, incluyendo periodistas, opositores y adversarios políticos.
¿Persecución o Protección de la Gobernabilidad?
Según trascendió, este plan estratégico, aprobado por la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), contempla la posibilidad de espionaje interno a quienes “erosionen” la confianza en los funcionarios públicos o interfieran en la percepción ciudadana sobre las políticas económicas. Estas revelaciones, inicialmente publicadas por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, generaron alarma y acusaciones de persecución política.
En respuesta, la Oficina del Presidente emitió un comunicado desmintiendo las acusaciones y asegurando que este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos. El gobierno de Milei también enfatizó que el Presidente ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, argumentando que fue destruido por administraciones anteriores.
Financiamiento y Transparencia en el Centro del Debate
Un punto central de la controversia es el financiamiento del plan. Se ha informado que la SIDE recibió una partida extra de 25 mil millones de pesos, de los cuales un tercio se destina a “gastos reservados”. La falta de transparencia en el destino de estos fondos alimenta las sospechas sobre posibles usos indebidos y la aplicación del plan con fines políticos.
¿Qué dice el gobierno sobre el Plan de Inteligencia?
- El Plan de Inteligencia Nacional es un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de Argentina.
- Solo tienen acceso al plan el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación.
La situación sigue generando un intenso debate en la sociedad argentina, con voces que alertan sobre posibles abusos de poder y la necesidad de proteger la libertad de prensa y la disidencia política, y otras que defienden la necesidad de contar con un sistema de inteligencia eficiente para proteger los intereses del Estado.