Milei: Censura y escándalo por audios de Karina, ¿qué ocultan?
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El gobierno de Javier Milei enfrenta una creciente controversia tras la filtración de audios que involucran a su hermana, Karina Milei, en un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La respuesta del gobierno ha sido calificada por muchos como una arremetida autoritaria, recurriendo a la censura y allanamientos para silenciar a periodistas y abogados.
Censura y Persecución: ¿Intento de Tapar la Corrupción?
La administración Milei, a través de denuncias penales y civiles, ha acusado a comunicadores y abogados de formar parte de un complot orquestado por el kirchnerismo, con supuesta influencia rusa, venezolana, boliviana e incluso de la AFA. Sin embargo, la denuncia penal omite menciones clave como Diego Spagnuolo (exdirector de la ANDIS), las palabras 'coimas' o 'medicamentos para discapacitados' y la supuesta comisión del 3% para Karina Milei a través de la droguería Suizo Argentina, que cobraba un 8% a los proveedores. Se estima que el esquema generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.
Un juez federal, Alejandro Maraniello, rápidamente emitió una cautelar prohibiendo la difusión de los audios, argumentando que podrían afectar la intimidad, el honor de la secretaria de la Presidencia (Karina Milei) y la seguridad institucional del país. Lo llamativo es que Maraniello enfrenta nueve denuncias en su contra, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado, lo que pone en duda su imparcialidad.
¿Lawfare y falta de imparcialidad?
Este caso ha generado fuertes críticas y acusaciones de lawfare, donde se utiliza el sistema judicial y los medios de comunicación para perseguir opositores políticos. La celeridad inusual del proceso, la exposición mediática parcial y anticipada del caso, así como los vínculos entre el juez y el gobierno, alimentan estas sospechas.
Recordemos que la Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, también ha sido objeto de severas críticas. Juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos han advertido sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas, como la falta de imparcialidad judicial, la ausencia de pruebas directas y la desigualdad en el tratamiento de la prueba.
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¿Qué sigue?
La controversia en torno a los audios de Karina Milei y la respuesta del gobierno plantean serias interrogantes sobre la transparencia, la libertad de expresión y el estado de derecho en Argentina. La sociedad exige una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La justicia debe actuar con independencia y garantizar el debido proceso para todos los involucrados.