Lázaro Báez: Trasladado a cárcel común para cumplir condena
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Lázaro Báez, figura central en la investigación de la 'Ruta del Dinero K' y la 'Causa Vialidad', ha sido trasladado a una cárcel común para cumplir su condena. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena por lavado de activos.
El juez Néstor Costabel, presidente del TOF 4, ordenó la inmediata detención de Báez, quien se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia de El Calafate, provincia de Santa Cruz. Personal de Gendarmería Nacional procedió a su detención y posterior traslado a la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos.
Báez, condenado a diez años de prisión por el delito de lavado de dinero agravado, deberá cumplir los más de seis años restantes de su pena en un establecimiento penitenciario federal. La Secretaría de Cómputos determinó que ya cumplió 3 años, 8 meses y 8 días de prisión en el marco de la 'Ruta del Dinero K'.
La medida judicial se produce tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena en la causa principal por lavado, donde Báez había sido detenido inicialmente en abril de 2016 y liberado en diciembre de 2019. Ahora, enfrenta nuevamente el encierro para saldar su deuda con la justicia.
Repercusiones de la 'Causa Vialidad'
La 'Causa Vialidad', en la que también se confirmó una condena de seis años para Báez, ha sido objeto de controversia. Esta causa ha sido vinculada a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ha generado debate sobre la imparcialidad del sistema judicial.
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.