La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha lanzado un ultimátum a las empresas de transporte en el interior del país, exigiendo el pago de salarios con aumentos paritarios homologados a los que ya se aplican en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el anuncio del 10 de febrero de 2026, el sindicato podría iniciar un paro de colectivos a partir del 11 de febrero, afectando significativamente la circulación en múltiples provincias. Este movimiento surge en el contexto de una disputa crítica sobre la actualización de haberes para los choferes de transporte.
El ultimátum de la UTA busca garantizar que las empresas del interior del país sigan las mismas normas salariales que en la zona metropolitana. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los aumentos paritarios ya están establecidos, lo que ha permitido a los choferes mantener un nivel de vida adecuado. Sin embargo, en las zonas rurales y regionales, las empresas de transporte enfrentan dificultades para implementar estos mismos ajustes debido a la falta de recursos y a la desigualdad en el desarrollo económico.
El sector del transporte público en las provincias argentinas ha sido históricamente vulnerable a las fluctuaciones económicas. La UTA ha destacado que el paro no está dirigido específicamente a la región metropolitana, sino a todo el país, con el objetivo de presionar a las empresas para que adopten políticas similares en todos los niveles. Según datos de la UTA, el 60% de las empresas en el interior del país no han cumplido con los aumentos salariales establecidos en los últimos años, lo que ha llevado a una situación de descontento entre los trabajadores.
En Rosario, por ejemplo, se ha registrado un acuerdo provisional para mantener el servicio este miércoles, gracias a una reunión entre el municipio y los choferes. Esto sugiere que el tema de los aumentos salariales es un punto de conversación en múltiples regiones, pero también indica la complejidad de la negociación en contextos locales.
El impacto del paro podría ser significativo en regiones como la Pampa, el noroeste y el norte del país, donde la infraestructura de transporte es menos desarrollada y las empresas suelen depender más de las contribuciones locales. En estas zonas, el transporte público es crucial para el desplazamiento diario de los habitantes, y cualquier interrupción podría afectar la economía local y la movilidad poblacional.
Los choferes de colectivos en el interior del país enfrentan una situación particular: su salario básico es mucho más bajo que en la zona metropolitana. La UTA ha señalado que el problema radica en la falta de una estrategia nacional para la actualización de haberes, lo que genera una brecha significativa en el acceso a recursos económicos entre trabajadores urbanos y rurales.
El gobierno nacional ha anunciado una medida de conciliación obligatoria para resolver el conflicto, pero la UTA insiste en que el acuerdo debe ser nacionalizado. La diferencia entre las políticas locales y las nacionales es un tema clave