Polémica por el Plan de Inteligencia de Milei y la SIDE: ¿Espionaje a la vista?
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El Gobierno de Javier Milei se encuentra en el centro de la polémica tras la revelación de un nuevo Plan de Inteligencia que aplicará la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado). A pesar de las desmentidas oficiales, las suspicacias sobre posibles fines persecutorios contra opositores, periodistas y críticos del gobierno están a la orden del día.
¿Qué dice el Gobierno?
La Oficina del Presidente emitió un comunicado negando rotundamente las acusaciones de espionaje. Aseguran que se trata del primer gobierno en décadas que no utiliza la SIDE para perseguir a adversarios políticos, periodistas u opositores. Además, afirman que el plan busca reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, supuestamente deteriorado por administraciones anteriores.
La filtración de Alconada Mon y la controversia
Sin embargo, la controversia se intensificó tras una publicación del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. Según Alconada Mon, el nuevo plan estratégico de la SIDE contempla la posibilidad de recabar información sobre personas que puedan generar una “pérdida de confianza” en las políticas oficiales o “erosionen” la imagen de los funcionarios públicos. Esto incluye, potencialmente, a periodistas, integrantes de la oposición y adversarios políticos.
El presupuesto y los gastos reservados
Otro punto que genera inquietud es el presupuesto asignado a la SIDE. Según fuentes periodísticas, el organismo recibió una partida extra de 25 mil millones de pesos, de los cuales un tercio se destina a “gastos reservados”. Esta opacidad en el manejo de los fondos alimenta las sospechas sobre el verdadero alcance del plan de inteligencia.
¿Libertad de expresión en riesgo?
La controversia en torno al Plan de Inteligencia de la SIDE ha generado un debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la crítica en Argentina. Organizaciones de periodistas y defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por la posibilidad de que este plan pueda ser utilizado para silenciar voces disidentes y limitar la libertad de prensa. El debate continúa abierto, con el gobierno defendiendo la legitimidad del plan y sus detractores advirtiendo sobre los riesgos para la democracia.